Las movilizaciones, lideradas por jóvenes y colectivos sociales, han terminado en disturbios y represión policial, evidenciando una profunda crisis de legitimidad institucional.

Una marcha convocada en Lima por el grupo "Generación Z" bajo el lema "El pueblo se levanta, día del despertar peruano", derivó en violentos enfrentamientos con la policía.

Los manifestantes protestaban contra leyes recientemente aprobadas, el aumento del crimen organizado y exigían justicia para los 49 manifestantes asesinados durante las protestas de 2022 y 2023. Brigadistas de salud reportaron varios heridos por perdigones y golpes de los agentes. En paralelo, la institucionalidad se ve sacudida por la suspensión de la Fiscal General, Delia Espinoza, por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), un organismo nombrado por la mayoría de derecha que controla el Congreso y apoya a Boluarte. La suspensión se produjo un día después de que Espinoza denunciara penalmente al partido fujimorista Fuerza Popular por "conducta antidemocrática" y solicitara su ilegalización.

La fiscal, que ha investigado a Boluarte, su hermano y ministros, calificó su destitución como "ilegal e inconstitucional" y denunció presiones del gobierno para ser "amigable". Este golpe a la Fiscalía es visto como un intento de la coalición gobernante por tomar el control del sistema de justicia y garantizar la impunidad.