Esta pugna de poderes se desarrolla en un contexto de creciente violencia ligada al narcotráfico y protestas sociales por medidas económicas.

El presidente Noboa ha emitido dos decretos consecutivos para convocar a los ecuatorianos a un referéndum que, entre otras cosas, decidiría sobre la creación de una nueva Constitución con leyes más duras contra el crimen organizado. Sin embargo, ambas convocatorias se han realizado sin el aval previo de la Corte Constitucional, que suspendió temporalmente el primer decreto tras admitir cinco demandas de inconstitucionalidad en su contra. La Corte argumentó que su decisión busca "prevenir que se produzcan efectos irreversibles que pongan en riesgo la democracia" y que "cualquier propuesta de reforma o cambio constitucional siga los procedimientos que la Norma Suprema establece". A pesar del revés, Noboa insistió y remitió un nuevo decreto directamente al Consejo Nacional Electoral (CNE), que a su vez lo ha enviado a la Corte para su revisión. El mandatario justifica su accionar afirmando que la Constituyente es la "única vía legítima y eficaz para redefinir el pacto social" y superar el "secuestro institucional". La crisis se agrava con el anuncio de un paro nacional indefinido convocado por organizaciones indígenas y sociales en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, lo que ha llevado al gobierno a decretar toque de queda nocturno en cinco provincias.