Esta acción ha sido calificada por analistas como un intento de proporcionar un “escudo diplomático” a un aliado político, generando una respuesta inmediata del gobierno ecuatoriano y profundizando las tensiones entre ambas naciones. El presidente Petro anunció la decisión a través de sus redes sociales, publicando un documento que certifica la naturalización de Glas y solicitando al gobierno de Ecuador su entrega a Colombia como un “paso para la paz de las naciones latinoamericanas”. Petro ha sostenido consistentemente que Glas es un “preso político”, víctima de ‘lawfare’ (guerra jurídica) por parte de la derecha ecuatoriana. Jorge Glas, quien fue vicepresidente durante el mandato de Rafael Correa, cumple una condena de ocho años por el caso Odebrecht y enfrenta otros procesos por peculado y cohecho.

La Cancillería de Ecuador respondió rápidamente, afirmando que “Jorge Glas sigue siendo ecuatoriano” y que sobre él pesan sentencias vigentes. Este episodio revive la polémica generada en mayo de 2025, cuando Petro concedió asilo político al expresidente panameño Ricardo Martinelli, también condenado por corrupción, una medida que fue criticada por Transparencia Internacional por sentar un precedente negativo en la lucha contra la impunidad en la región. La decisión de Petro sobre Glas es vista como parte de un patrón de apoyo a figuras de la izquierda latinoamericana con problemas judiciales, lo que erosiona la credibilidad del Estado de Derecho y genera desconfianza en las instituciones.