La respuesta de Venezuela ha sido contundente. El gobierno de Nicolás Maduro ha calificado los ataques como una “pena de muerte marítima” y una violación del derecho internacional.

En respuesta al despliegue naval estadounidense, que incluye ocho buques y cazas F-35 en Puerto Rico, Venezuela ha movilizado a 25.000 militares y ha desplegado defensas en 284 “frentes de batalla”.

Además, el viceministro de Exteriores, Rander Peña, junto a embajadores de países como Colombia, Cuba y Brasil, expresó su preocupación por el despliegue estadounidense, haciendo un llamado a preservar la paz. Expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU han señalado que “el derecho internacional не permite que los gobiernos simplemente asesinen a presuntos traficantes de drogas”, instando a que las actividades criminales sean investigadas y procesadas conforme al estado de derecho.