Ante este panorama, el gobierno de Gustavo Petro ha defendido su gestión basándose en el incremento de las incautaciones, que superaron las 500 toneladas de cocaína en el primer semestre del año. Para reforzar su posición, una delegación de alto nivel, que incluye al comandante de las Fuerzas Militares y al director de la Policía, se encuentra en Washington sosteniendo reuniones con congresistas y agencias como la DEA. El embajador Daniel García-Peña publicó una columna en The Washington Post advirtiendo que retener los fondos “perjudicaría a Colombia al debilitar su economía legal” y “a Estados Unidos al debilitar la interdicción”. La última vez que Colombia fue descertificada fue durante el gobierno de Ernesto Samper por el Proceso 8000, lo que generó la suspensión de ayuda económica y militar. La decisión final, que se considera eminentemente política, está en manos del presidente Trump, en un contexto de relaciones tensas con el gobierno Petro.