La movilización de fuerzas militares de Estados Unidos en el Mar Caribe ha elevado drásticamente la tensión con Venezuela, cuyo gobierno ha respondido con el despliegue del “Plan Independencia 200”. La confrontación se enmarca en acusaciones de narcotráfico contra el régimen de Nicolás Maduro y ha generado preocupación por una posible escalada en la región. El gobierno de Nicolás Maduro ha ordenado la militarización de su frontera, especialmente en los puentes internacionales que conectan con Norte de Santander, y ha activado 284 “frentes de batalla” en todo el territorio, involucrando a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a las milicias chavistas.
Esta medida es una respuesta directa al despliegue naval estadounidense, que Caracas interpreta como una “amenaza” y un preludio a una intervención.
La retórica belicista ha escalado, con figuras como Diosdado Cabello, ministro del Interior, apareciendo con uniforme militar y fusil, declarando que “llegó la hora de la guerra revolucionaria”. La tensión se agudizó tras un operativo estadounidense que hundió una lancha venezolana, resultando en 11 muertes, un hecho que el chavismo inicialmente negó calificándolo de “fake news” para luego admitir que ocurrió. Desde Colombia, empresarios en la frontera han expresado su preocupación por la militarización y la incertidumbre sobre un eventual cierre de los pasos fronterizos, lo que afectaría gravemente la reactivación económica.
El gobernador de Norte de Santander, sin embargo, ha señalado que toda acción que permita un mayor control fronterizo es bienvenida para combatir el contrabando y los grupos ilegales.
En resumenEl despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, justificado como una operación antinarcóticos, ha sido interpretado por Venezuela como una amenaza directa a su soberanía. La respuesta de Caracas, con una masiva movilización militar y una retórica de confrontación, incrementa la inestabilidad regional y genera incertidumbre económica y social en la zona fronteriza con Colombia.