Junto a Bolsonaro, fueron condenados siete de sus excolaboradores, incluyendo cuatro altos mandos militares.

La sentencia ha sido calificada como un hito, ya que nunca antes un expresidente brasileño había sido condenado por delitos de golpismo.

La reacción del gobierno de Donald Trump fue inmediata y contundente.

El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó el proceso como “injusto” y una “caza de brujas”, advirtiendo que Estados Unidos “responderá en consecuencia”.

Previamente, Washington había sancionado al magistrado De Moraes y aplicado aranceles a productos brasileños en apoyo a su aliado. El gobierno de Lula da Silva repudió las declaraciones, afirmando que las “amenazas” de Washington no intimidarán a su democracia y que defenderá su soberanía. La defensa de Bolsonaro, por su parte, calificó la condena como “excesiva y desproporcionada” y anunció que apelará en todas las instancias posibles, incluidas las internacionales.