Colombia y otros países latinoamericanos observan con preocupación la retórica beligerante y las maniobras que evocan políticas intervencionistas del pasado.

La administración del presidente Donald Trump ha movilizado una significativa fuerza naval en el Caribe, que incluye ocho barcos militares y un submarino de propulsión nuclear, bajo el pretexto de una operación antidrogas. Washington acusa a Nicolás Maduro de liderar el “Cartel de los Soles”, una presunta organización terrorista ligada al narcotráfico. La tensión alcanzó un punto crítico el 2 de septiembre, cuando fuerzas estadounidenses atacaron y hundieron una embarcación en aguas internacionales, causando la muerte de 11 presuntos miembros del Tren de Aragua. El gobierno de Trump defendió la acción como un acto en defensa propia contra el narcotráfico, calificándolo como un crimen de guerra no le preocupa, con el vicepresidente Vance declarando: “Me importa un bledo cómo lo llames”.

Sin embargo, nuevas informaciones sugieren que la embarcación intentaba retirarse tras detectar vigilancia aérea, lo que cuestiona la narrativa estadounidense. En respuesta, el presidente Maduro activó el “Plan Independencia 200”, desplegando 284 “frentes de batalla” con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la milicia para defender la soberanía del país, afirmando: “Jamás le pertenecerán al imperio norteamericano”. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha declarado que no permitirá el uso del territorio colombiano para una invasión, mientras que el Parlamento Europeo ha instado a Colombia a reconocer la existencia del Cartel de los Soles y ha pedido su inclusión en la lista de organizaciones terroristas de la UE, añadiendo presión diplomática a la crisis.