El martes 10 de septiembre, fuerzas israelíes bombardearon un edificio en Doha donde se encontraba una delegación negociadora de Hamás. El ataque resultó en la muerte de cinco miembros de rango menor del grupo y un policía catarí. Tras la operación, el primer ministro Netanyahu lanzó una advertencia directa a Catar y a otros países que albergan a miembros de Hamás, declarando que debían expulsarlos o llevarlos ante la justicia, y que si no lo hacían, “Israel lo hará”. La respuesta de Catar fue contundente. Su primer ministro, Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, afirmó que el ataque israelí “ha puesto en riesgo cualquier posibilidad de liberar a los 48 rehenes israelíes que permanecen en la Franja de Gaza” y acusó a Netanyahu de haber “acabado con toda esperanza”. Además, indicó que Catar está reconsiderando su rol como mediador en el conflicto.

La comunidad internacional reaccionó rápidamente: el Consejo de Seguridad de la ONU convocó a una sesión de emergencia, mientras que la Unión Europea, a través de su presidenta Ursula von der Leyen, anunció la suspensión de la cooperación bilateral con Israel y la posible imposición de sanciones comerciales. El ataque es visto como una peligrosa escalada que socava la influencia de Estados Unidos en la región, ya que el presidente Trump lo calificó de “imprudente” y aseguró no haberlo aprobado.