El miércoles 10 de septiembre, Polonia denunció que 19 drones rusos violaron su espacio aéreo, cruzando desde la frontera con Ucrania y Bielorrusia, lo que obligó a su defensa aérea a derribarlos. Como respuesta inmediata, el primer ministro Donald Tusk convocó una reunión de emergencia y solicitó la activación del Artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte, que permite a cualquier miembro de la alianza solicitar consultas cuando considere que su “integridad territorial, independencia política o seguridad” están amenazadas.

Simultáneamente, el gobierno polaco restringió el tráfico en su espacio aéreo oriental y Letonia anunció el cierre de sus fronteras con Rusia y Bielorrusia.

La acción rusa, que Moscú niega como intencional, fue condenada por los ministros de defensa europeos como “deliberada e imprudente”. El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió sobre el “riesgo real de que la guerra se extienda más allá de Ucrania”. Este incidente ocurre en un contexto de crecientes provocaciones de Moscú en el Atlántico oriental y es interpretado por analistas como una respuesta contundente del presidente Vladímir Putin a las recientes propuestas de paz del presidente estadounidense Donald Trump, dejando claro que “no retrocederá”.

La OTAN y la Unión Europea ya han comenzado a reforzar sus defensas aéreas conjuntas ante la amenaza.