Relatan haber sido sometidas a controles médicos forzados, tratamientos invasivos y un sistema de deudas falsas que les impedía escapar.

Una de las víctimas, que fue engañada a los 17 años con una falsa promesa de trabajo, declaró: “Todas las noches nos llevaban por la fuerza ante los soldados, y si enfermábamos nos inyectaban medicamentos dolorosos sin nuestro consentimiento”.

Este caso revive un tema largamente silenciado en Corea del Sur, donde estas mujeres fueron consideradas un “mal necesario” para mantener la alianza con Washington. La conciencia pública sobre el tema creció tras casos de violencia extrema, como el asesinato de Yun Geum-i en 1992 por un soldado estadounidense. La demanda actual es la primera dirigida directamente contra Washington, aunque en 2022 el Tribunal Supremo de Corea del Sur ya había responsabilizado al gobierno local por administrar ilegalmente estos prostíbulos. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Corea (USFK), que mantienen unos 28.500 soldados en el país, declararon que no comentarán sobre el proceso judicial, pero aseguraron no tolerar conductas que violen la ley surcoreana.