El paquete de sanciones, que será ratificado por el Consejo de Ministros, incluye la aprobación de una Ley de embargo de armas, la prohibición de entrada a España de funcionarios israelíes implicados en la ofensiva, la prohibición del uso de puertos y aeropuertos españoles para el tránsito de armas hacia Israel y la restricción a la importación de productos de asentamientos ilegales. Además, España aumentará su ayuda humanitaria a Gaza hasta alcanzar los 150 millones de euros en 2026. En respuesta, el gobierno de Benjamin Netanyahu vetó la entrada a dos ministras españolas, lo que llevó a Madrid a llamar a consultas a su embajadora en Tel Aviv, una medida diplomática que denota la gravedad de la crisis. Sánchez reconoció que España no puede detener la guerra sola, pero confía en que las sanciones “sirvan para añadir presión sobre Netanyahu”.

A pesar de la dureza de las medidas, el presidente español reiteró que su gobierno “apoyará siempre el derecho de Israel a existir” y condenó nuevamente los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023.