La dimisión de Bayrou se produjo después de que su propuesta de presupuesto para 2026, que incluía medidas consideradas drásticas para aliviar la deuda pública, fuera rechazada de manera transversal por la oposición. La votación finalizó con 364 votos en contra, lo que oficializó el fracaso de su gobierno. La situación ha dejado en el limbo varios proyectos de ley cruciales, incluyendo legislaciones sobre la industria energética, la eutanasia, la redifusión pública y la justicia penal. La oposición ha reaccionado con dureza: la extrema derecha ha solicitado la disolución de la Asamblea Nacional, mientras que La Francia Insumisa ha exigido la renuncia del propio presidente Macron.

Analistas como Waya Quiviger, profesora de gobernanza global, y Aymeric Durez, doctor en Ciencias Políticas, señalan que Macron tiene un margen de maniobra limitado. Las opciones incluyen nombrar un primer ministro de consenso, lo que parece difícil en el actual ambiente de polarización, o convocar a nuevas elecciones legislativas, una alternativa riesgosa dada la inestabilidad política. El analista Jean-Baptiste Noé describe la situación como una “enésima pérdida de confianza en la democracia”, donde “el modelo social francés ya no es sostenible y los ciudadanos no se reconocen en un proyecto común”. La crisis se agrava por el avance de los populismos y una deuda pública considerada ingobernable, lo que genera una incertidumbre extrema sobre el futuro político del país.