Los alcaldes Carlos Fernando Galán (Bogotá), Federico Gutiérrez (Medellín), Alejandro Eder (Cali), Alejandro Char (Barranquilla) y Dumek Turbay (Cartagena) emprendieron la misión ante lo que consideran un "riesgo inminente".

Una descertificación implicaría la pérdida de millones de dólares en asistencia económica para combatir economías ilegales, financiar operaciones militares y adquirir equipos. El presidente Petro reaccionó de manera contundente a través de la red social X: "Estos alcaldes no estan autorizados para representar a Colombia.

La Constitución es clara. Certifiquen o no, la constitución de Colombia se respeta". La respuesta de los mandatarios locales no se hizo esperar.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, calificó la postura presidencial como autoritaria y afirmó: "Petro ya actúas como un dictador.

Claro que iremos... no te tenemos que pedir permiso para trabajar por nuestras ciudades y por todos los colombianos". Los alcaldes justifican su iniciativa como una gestión de cooperación técnica y no como una representación diplomática formal, argumentando que las consecuencias de una descertificación afectarían directamente a sus territorios, que enfrentan un incremento en la inseguridad atribuida a grupos armados. Este choque evidencia una profunda división interna sobre la gestión de la política exterior y la lucha contra el narcotráfico en un momento de relaciones diplomáticas deterioradas con Estados Unidos.