Esta decisión representa un endurecimiento en las condiciones de ingreso para nacionalidades que ya requerían una visa para entrar al país, añadiendo un nuevo requisito específico para el tránsito. La Cancillería ecuatoriana ha reiterado su "compromiso con el respeto a los derechos de las personas en movilidad humana y a la observancia del marco legal vigente", aunque la medida podría generar dificultades para migrantes y viajeros que utilizan Ecuador como país de paso en sus rutas hacia otros destinos en el continente.