La Autoridad Palestina ha calificado la decisión estadounidense como una “violación del derecho internacional” y ha cuestionado el compromiso de Estados Unidos como país anfitrión de la sede de la ONU. La revocación de visas es interpretada como una maniobra de presión directa para disuadir a otras naciones de avanzar con el reconocimiento del Estado palestino, utilizando el control de acceso a la sede de la ONU como una herramienta de su política exterior. Este acto plantea interrogantes sobre la neutralidad de Estados Unidos en el conflicto y su impacto en el ya frágil proceso de paz en Medio Oriente, al limitar la capacidad de la diplomacia palestina para participar en uno de los foros internacionales más importantes del mundo.