La operación, justificada por Washington como una misión antinarcóticos, es percibida por Caracas como una amenaza directa a su soberanía.

El contingente militar estadounidense incluye tres destructores equipados con misiles, un crucero lanzamisiles como el USS Lake Erie, un buque de asalto anfibio y al menos un submarino nuclear, con el objetivo declarado de desarticular el denominado 'Cartel de los Soles', que según Estados Unidos opera desde Venezuela. Como respuesta, el presidente Nicolás Maduro ha declarado la movilización de 4,5 millones de milicianos, ha desplegado drones militares y ha reforzado sus defensas costeras, afirmando que “no hay manera de que puedan entrar a Venezuela”. El gobierno venezolano también ha acudido a las Naciones Unidas, solicitando al secretario general António Guterres que actúe como mediador para frenar lo que considera una “escalada hostil”.

La situación ha generado reacciones diversas en la región; mientras naciones como República Dominicana y Trinidad y Tobago han respaldado la iniciativa estadounidense, el presidente colombiano Gustavo Petro ha hecho un llamado a la cooperación regional y al diálogo diplomático, rechazando cualquier intervención extranjera.

El exembajador de EE. UU. en Venezuela, James Story, ha desestimado la posibilidad de una invasión, calificando el despliegue como una “muestra de fuerza” y no una “fuerza de invasión”, aunque la magnitud de la operación y la recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Maduro mantienen un clima de alta tensión y especulación sobre las verdaderas intenciones de Washington.