La situación genera riesgos directos para la seguridad nacional, la economía y la estabilidad migratoria, obligando al gobierno de Gustavo Petro a trazar una línea diplomática entre la cooperación internacional y la defensa de la soberanía regional. La presencia de buques de guerra, submarinos y miles de efectivos estadounidenses cerca de la costa venezolana es percibida por analistas como un factor que podría desencadenar choques accidentales y desestabilizar aún más la región. El presidente Petro ha advertido públicamente sobre las consecuencias de una posible intervención militar en Venezuela, señalando que podría triplicar el flujo migratorio hacia Colombia y provocar una caída drástica del precio del petróleo, lo que llevaría a la "quiebra de Ecopetrol". Además, ha acusado a Estados Unidos de usar el narcotráfico como una "excusa para una invasión militar", una postura que lo distancia de su tradicional rol como principal aliado de Washington en la región. Mientras tanto, el gobierno colombiano ha adoptado una postura de rechazo a operaciones militares no autorizadas, lo que le exige fortalecer su presencia institucional en la frontera y activar mecanismos multilaterales para la prevención de conflictos. La situación obliga a Bogotá a redefinir su papel, buscando un equilibrio entre sus compromisos con aliados internacionales y la necesidad de evitar ser arrastrado a un conflicto de consecuencias impredecibles.