El 21 de agosto de 2025, Colombia fue sacudida por dos atentados de gran magnitud. En Amalfi, Antioquia, un helicóptero de la Policía fue derribado, presuntamente con un dron, causando la muerte de 13 uniformados que realizaban labores de erradicación de cultivos de coca. Casi simultáneamente, en Cali, un camión bomba explotó cerca de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, dejando un saldo de al menos seis civiles muertos y más de 70 heridos. Las autoridades atribuyeron los ataques a facciones del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC, específicamente al Frente 36 en Antioquia y a la estructura Jaime Martínez en el Valle del Cauca. Tras los ataques, el presidente Petro anunció que solicitará que el EMC, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo sean considerados parte de una "Junta del Narcotráfico" y declarados como "organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta".

Esta medida busca facilitar la cooperación internacional y endurecer la respuesta estatal. La comunidad internacional, incluyendo a Estados Unidos, Rusia y Francia, condenó los atentados y reafirmó su apoyo a Colombia en la lucha contra el terrorismo. La Defensoría del Pueblo rechazó los hechos, calificándolos como infracciones al DIH y posibles crímenes de guerra, y urgió al Estado a garantizar la protección de las comunidades.