El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la decisión nicaragüense como “inamistosa y agresiva”. Sin embargo, la postura colombiana ha sido criticada por su aparente contradicción, ya que el gobierno Petro concedió asilo previamente a figuras condenadas por corrupción, como el expresidente panameño Ricardo Martinelli. El escándalo se profundizó al revelarse que el encargado de negocios de Colombia en Managua, Óscar Muñoz, no solo gestionó la solicitud de extradición, sino que también habría ayudado a González a obtener su residencia y convivió con él en la sede de la embajada. Este hecho motivó a la Procuraduría a iniciar una inspección en la Cancillería para determinar las responsabilidades disciplinarias de los funcionarios implicados.

El presidente Petro, por su parte, sugirió que la decisión de Ortega responde a antiguas rencillas políticas.