La situación del exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, prófugo de la justicia colombiana, ha desatado una crisis diplomática con Nicaragua. Revelaciones periodísticas indican que el gobierno de Daniel Ortega le otorgó residencia permanente con una presunta intermediación de la embajada colombiana, lo que ha generado un cruce de acusaciones y negativas por parte de altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. González, investigado por su presunta participación como uno de los cerebros del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), obtuvo su residencia en Nicaragua el mismo día que la Fiscalía le imputaba cargos en Colombia por cohecho, peculado y lavado de activos. Documentos revelados por medios de comunicación muestran una nota verbal de la Embajada de Colombia en Managua solicitando la renovación de su estatus migratorio. El presidente Petro negó rotundamente haber solicitado "algún tipo de privilegio para Carlos Ramón González", y la entonces canciller, Laura Sarabia, también se deslindó del trámite.
La Cancillería emitió un comunicado afirmando que la gestión fue realizada por un funcionario "de manera inconsulta y sin autorización", y anunció una investigación disciplinaria.
El exembajador y actual senador, León Fredy Muñoz, admitió haber facilitado el ingreso de González al país antes de que tuviera requerimientos judiciales, pero negó haber gestionado su residencia. Además, se reveló que González vivió durante meses en la residencia oficial de la embajada. Ante la controversia, el presidente Petro anunció que solicitará formalmente a Nicaragua la entrega de González. Por su parte, el Ministerio de Justicia pidió a la Fiscalía iniciar el trámite de extradición, amparado en un tratado bilateral de 1929, mientras la Procuraduría abrió una indagación para determinar la responsabilidad de funcionarios de la Cancillería.
En resumenLa fuga y obtención de residencia en Nicaragua por parte de Carlos Ramón González ha generado una crisis diplomática y política en Colombia. A pesar de las negativas del Ejecutivo, la evidencia de una gestión desde la embajada ha forzado al gobierno a solicitar su entrega, mientras la justicia y los órganos de control inician investigaciones para esclarecer la posible complicidad de funcionarios en la evasión de uno de los principales implicados en el caso de corrupción de la UNGRD.
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