El presidente Daniel Noboa lideró personalmente una manifestación en Quito en contra del máximo tribunal, después de que este suspendiera parcialmente artículos clave de su Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, una normativa diseñada para reforzar la lucha contra el crimen organizado. La marcha estuvo rodeada de polémica por la exhibición de pancartas con los rostros y nombres de los nueve jueces constitucionales, un acto que fue condenado por la ONU, Amnistía Internacional y la CIDH como una forma de intimidación que atenta contra la independencia judicial. La ley de Noboa, aprobada en junio, otorgaba facultades ampliadas a la fuerza pública y permitía indultos presidenciales en fases iniciales de procesos penales.
Sin embargo, la Corte consideró que estas medidas podrían generar "efectos concretos, inminentes y graves" sobre derechos fundamentales como la intimidad y el debido proceso.
El choque de poderes se produce en un contexto de violencia sin precedentes en Ecuador, que cerró el primer semestre de 2025 con 4.619 homicidios, la cifra más alta de su historia. Analistas y opositores acusan al Ejecutivo de manipular a la opinión pública contra el tribunal para justificar la inoperancia de su gobierno en materia de seguridad. Como señaló el analista Mauricio Alarcón, "quieren responsabilizar a la Corte por la inoperancia del Gobierno". La tensión escala mientras Noboa planea una consulta popular para reformar la Constitución, añadiendo más incertidumbre al tenso clima político y social del país.