La comunidad internacional reaccionó con contundencia.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se mostró "entristecido" y demandó justicia. El Grupo Libertad y Democracia, compuesto por expresidentes de diez países latinoamericanos y España, condenó el "cobarde magnicidio" como una "grave afrenta a la democracia". Líderes de la oposición venezolana, como Edmundo González Urrutia, y el gobierno de Panamá también expresaron su pesar, sumándose al "clamor por la paz". Organismos multilaterales como la ONU y la OEA instaron a Colombia a garantizar elecciones pacíficas y a llevar a cabo una investigación exhaustiva.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió que los comicios se celebren "libres de violencia y en un clima que permita una participación segura e inclusiva". En Colombia, el crimen reabrió dolorosas memorias de violencia política, con figuras como Juan Manuel Galán y María del Mar Pizarro, hijos de líderes asesinados, haciendo un llamado a la "no repetición". La esposa de Uribe, María Claudia Tarazona, rechazó cualquier acto de venganza pero exigió justicia, afirmando que esta "fortalece la democracia".
Este evento pone a Colombia bajo el escrutinio mundial, cuestionando las garantías para el ejercicio democrático a meses de las elecciones de 2026.