A pesar de esta afirmación, la abogada ha permanecido en la embajada por temor a su seguridad. La situación se tornó más compleja cuando Díaz, incumpliendo las condiciones pactadas para el asilo, realizó declaraciones públicas sobre su condición en redes sociales.

No obstante, la Cancillería colombiana aseguró que "seguirá otorgando la debida protección y condiciones adecuadas de permanencia". Díaz, quien fue presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, se distanció del régimen tras las cuestionadas elecciones de julio de 2024, cuando exigió la publicación de las actas electorales para verificar la victoria de Maduro. Posteriormente, el Tribunal Supremo de Justicia la sancionó, lo que ella calificó como un "pase de factura".