La decisión, impulsada por el primer ministro Benjamin Netanyahu, busca desarmar a Hamás, liberar a los rehenes y establecer una administración civil alternativa, excluyendo tanto a la organización islamista como a la Autoridad Palestina. El plan contempla la creación de un "perímetro de seguridad" y la posterior transferencia del control a "fuerzas árabes aliadas", aunque Netanyahu ha aclarado que no pretende gobernar ni anexar el territorio. Sin embargo, la expansión de la ofensiva militar ha sido calificada por el secretario general de la ONU, António Guterres, como una "peligrosa escalada", y el alto comisionado de Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que "todo apunta a más muertes y sufrimiento". Hamás reaccionó duramente, acusando a Israel de "sacrificar" a los rehenes por sus ambiciones de ocupación y de cometer un "crimen de guerra". La comunidad internacional ha respondido con firmeza: Alemania suspendió la exportación de material militar que pueda ser utilizado en Gaza, mientras que Francia, Reino Unido, Canadá, Australia y países árabes como Egipto, Arabia Saudita y Jordania condenaron la medida, alertando sobre violaciones al derecho internacional y el riesgo de desplazamientos masivos. Médicos Sin Fronteras denunció que los centros de distribución de ayuda humanitaria se han convertido en "escenas de masacres orquestadas". El Consejo de Seguridad de la ONU convocó una reunión de emergencia para discutir la crisis, en medio de una creciente preocupación por el inminente impacto sobre el millón de civiles que sobreviven en la capital del enclave.