El gobierno de Estados Unidos ha intensificado su ofensiva diplomática y judicial contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, duplicando la recompensa por información que conduzca a su captura a 50 millones de dólares. Esta medida, justificada por graves acusaciones de narcotráfico, ha sido calificada por Caracas como un acto de injerencia y propaganda política. La fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, anunció el incremento de la recompensa de 25 a 50 millones de dólares, una cifra que, según los artículos, es la más alta jamás ofrecida por Washington e incluso supera la que se ofreció por Osama bin Laden. El Departamento de Justicia acusa a Maduro de liderar el "Cartel de los Soles" y de estar vinculado con organizaciones como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa para el tráfico de drogas. Según Bondi, la DEA ha incautado "30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus socios", de las cuales siete toneladas estarían directamente relacionadas con él.
Estas acusaciones, que se remontan al primer mandato de Donald Trump, incluyen narcoterrorismo y corrupción.
El canciller venezolano, Yván Gil, respondió calificando el anuncio como "patético" y una "burda operación de propaganda política" diseñada para "complacer a la ultraderecha derrotada en Venezuela". Varios artículos enmarcan esta acción como una continuación de la política de presión de Washington, que incluye sanciones económicas y el no reconocimiento del tercer mandato de Maduro. Sin embargo, un exasesor del gobierno estadounidense, Mark Feirstein, calificó la medida como una "acción simbólica" que "francamente no significa mucho", argumentando que no cambiará drásticamente la situación ni motivará una traición interna, ya que el régimen se mantiene "bastante sólido". Esta perspectiva sugiere una política estadounidense pragmática que combina una retórica de "línea dura" con negociaciones en temas de inmigración y economía, como la licencia otorgada a Chevron para operar en Venezuela.
En resumenEstados Unidos elevó a una cifra récord de 50 millones de dólares la recompensa por Nicolás Maduro, acusándolo de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo. El gobierno venezolano rechazó la medida como propaganda, mientras que analistas la consideran una acción simbólica con poco impacto real en la estabilidad del régimen chavista.