Estas acusaciones, que se remontan al primer mandato de Donald Trump, incluyen narcoterrorismo y corrupción.

El canciller venezolano, Yván Gil, respondió calificando el anuncio como "patético" y una "burda operación de propaganda política" diseñada para "complacer a la ultraderecha derrotada en Venezuela". Varios artículos enmarcan esta acción como una continuación de la política de presión de Washington, que incluye sanciones económicas y el no reconocimiento del tercer mandato de Maduro. Sin embargo, un exasesor del gobierno estadounidense, Mark Feirstein, calificó la medida como una "acción simbólica" que "francamente no significa mucho", argumentando que no cambiará drásticamente la situación ni motivará una traición interna, ya que el régimen se mantiene "bastante sólido". Esta perspectiva sugiere una política estadounidense pragmática que combina una retórica de "línea dura" con negociaciones en temas de inmigración y economía, como la licencia otorgada a Chevron para operar en Venezuela.