La primera ley vetada proponía una nueva fórmula de movilidad jubilatoria para actualizar automáticamente las pensiones según la inflación y los salarios. La segunda declaraba la emergencia en el sector de discapacidad para garantizar la continuidad de prestaciones y pagos. Desde el gobierno, se justificó la medida argumentando que ambas leyes eran “fiscalmente inviables” y comprometían el objetivo de equilibrio presupuestario. “No voy a firmar nada que comprometa el déficit cero”, había adelantado Milei.
La oposición, que controla ambas cámaras, criticó la decisión y anunció que dará la batalla para insistir con las leyes, aunque para revertir el veto necesitará una mayoría especial de dos tercios en cada cámara. La estrategia del Ejecutivo de retrasar el anuncio del veto buscó dilatar el debate en el Congreso, donde el oficialismo carece de mayoría, evidenciando las tensiones y el complejo equilibrio de poder en la política argentina actual. Mientras tanto, el gobierno negocia con gobernadores y legisladores para evitar que el veto sea rechazado en el parlamento.