El Congreso de El Salvador, dominado por el partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó una reforma constitucional que habilita la reelección presidencial indefinida, una medida que críticos y organizaciones de derechos humanos califican como un “golpe mortal” a la democracia. El presidente Nayib Bukele defendió la decisión, argumentando que las críticas se deben a que El Salvador es un país “pequeño y pobre”. Con 57 de 60 votos a favor, la Asamblea Legislativa salvadoreña modificó la Constitución para permitir que un presidente pueda reelegirse de manera indefinida, además de extender el mandato de cinco a seis años y eliminar la segunda vuelta electoral. La reforma incluye una disposición transitoria que acorta el actual mandato de Bukele para alinear las elecciones presidenciales, legislativas y municipales en 2027, lo que le permitiría buscar un nuevo periodo y gobernar hasta 2033. La oposición, representada por partidos como FMLN y ARENA, denunció la medida como un “golpe de Estado desde la Asamblea Legislativa” y una “ruptura del orden constitucional”. La diputada Marcela Villatoro afirmó que “hoy ha muerto la democracia en El Salvador”. Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional consideran la reforma un “quiebre definitivo para su democracia”.
Juanita Goebertus, de HRW, señaló que es “el mismo libreto” de líderes como Hugo Chávez. Por su parte, el presidente Bukele rechazó las críticas, afirmando que no representan el “fin de la democracia” y que su popularidad, impulsada por su “guerra antipandillas”, legitima sus acciones. Analistas señalan que Bukele ha consolidado su poder eliminando contrapesos institucionales desde que su partido obtuvo la mayoría en el Congreso en 2021, lo que le permitió cambiar magistrados y fiscales.
En resumenLa aprobación de la reelección indefinida en El Salvador representa la consolidación del poder del presidente Nayib Bukele, eliminando los contrapesos institucionales. Mientras sus partidarios lo ven como una necesidad para mantener la seguridad, la oposición y organizaciones internacionales denuncian un grave retroceso democrático y el surgimiento de un modelo autoritario en la región.
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