Esta reforma ha sido calificada por la oposición y organizaciones internacionales como un golpe a la democracia. La diputada opositora Marcela Villatoro declaró que “hoy ha muerto la democracia en El Salvador”, mientras que Juanita Goebertus, de Human Rights Watch, advirtió que la medida representa “un quiebre definitivo para su democracia” y que el país sigue el “mismo libreto” de regímenes autoritarios como el de Venezuela. La reforma se produce en un contexto en el que Bukele ya había logrado una reelección en febrero de 2024, a pesar de las prohibiciones constitucionales existentes, gracias a una reinterpretación de la ley por parte de magistrados nombrados por su partido.
El presidente, quien se autoproclama el “dictador cool”, ha minimizado las críticas, afirmando que le tiene “sin cuidado” ser llamado dictador.
Su alta popularidad se sustenta en la drástica reducción de la violencia de las pandillas bajo un régimen de excepción que ha permitido más de 80.000 detenciones, aunque con denuncias de violaciones a los derechos humanos. Analistas como Óscar Martínez, de El Faro, señalan que Bukele se siente “blindado” por su cercanía con Donald Trump, lo que le permitiría avanzar con “imposiciones dictatoriales”.