La tensión se agravó con la sanción estadounidense contra el juez Alexandre de Moraes, responsable del proceso contra Bolsonaro, a quien se le aplicó la Ley Magnitsky, implicando un bloqueo económico y la revocación de su visa. El juez Moraes ha rechazado las sanciones como “amenazas cobardes e infructíferas” y ha reafirmado la soberanía del poder judicial brasileño. La situación se ha complicado aún más por el papel del diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, quien desde Estados Unidos ha presionado a Trump para mantener las sanciones y proteger a su padre de una posible condena.
Sin embargo, en un giro sorpresivo, Trump se mostró dispuesto a dialogar con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmando en la Casa Blanca que “Lula puede llamarme cuando quiera”. Desde Brasil, Lula respondió con prudencia, declarando que su gobierno está abierto al diálogo pero sin ceder en la defensa de la soberanía nacional. Mientras tanto, sindicatos y movimientos sociales en Brasil han convocado manifestaciones para protestar contra lo que consideran una medida que afecta gravemente a la economía del país, especialmente al sector agroindustrial.