Crisis diplomática entre Colombia y Ecuador por deportación masiva de presos

La medida, impulsada por el presidente Daniel Noboa, ha sido calificada por Bogotá como un “gesto hostil” y “unilateral”, mientras Quito defiende su legalidad y soberanía. El gobierno de Daniel Noboa ha justificado la expulsión de los reclusos como parte de su estrategia de “tolerancia cero con el crimen organizado” y para aliviar la crisis de hacinamiento en su sistema penitenciario.

Noboa afirmó que “no podemos mantener a mil reos extranjeros en nuestras cárceles mientras nuestros ciudadanos no tienen atención”.

Las autoridades ecuatorianas sostienen que los procesos fueron individuales, con resoluciones judiciales y comunicación previa al consulado colombiano.

Sin embargo, el Gobierno de Gustavo Petro ha rechazado esta versión, presentando una protesta diplomática formal y denunciando que la deportación se realizó de manera abrupta, sin coordinación y sin garantías humanitarias. La Cancillería colombiana ha señalado que las expulsiones se ejecutaron “sin que mediara un proceso administrativo formal de deportación que permitiera establecer de manera clara su condición migratoria”. La situación ha generado una emergencia en la frontera, especialmente en el Puente Internacional de Rumichaca, en Nariño, donde las autoridades colombianas han tenido que improvisar operativos para recibir a cientos de deportados. De los primeros grupos, se confirmó que la mayoría recuperó su libertad, pero al menos 11 personas fueron recapturadas por tener órdenes de captura vigentes en Colombia, una de ellas con circular roja de Interpol. La falta de información detallada por parte de Ecuador ha dificultado la planificación, y se teme que la cifra de deportados se triplique en los próximos días.