Estas acciones, que incluyen aranceles del 50 % y sanciones directas a un juez del Supremo Tribunal, han sido calificadas como una “inaceptable injerencia” por el gobierno brasileño. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que establece un arancel del 50 % para gran parte de las importaciones brasileñas, justificando la medida como una represalia por lo que considera una “caza de brujas” y un “juicio politizado” contra su aliado, Jair Bolsonaro, procesado por un presunto intento de golpe de Estado. Adicionalmente, Washington aplicó la Ley Magnitsky contra el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, instructor del caso, bloqueando sus activos en EE.
UU. y prohibiendo transacciones con él.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reaccionó con firmeza, afirmando que “Brasil es un país soberano y democrático” y que la medida “atenta contra la soberanía nacional”. En una nota oficial, Lula defendió la independencia del poder judicial y se solidarizó con el juez De Moraes, sugiriendo que las sanciones fueron motivadas por “políticos brasileños que traicionan” al país. El presidente colombiano, Gustavo Petro, también se pronunció, afirmando que las sanciones “rompen la Convención Americana de Derechos Humanos”. La medida arancelaria, aunque excluye algunos bienes clave, amenaza con impactar significativamente el comercio bilateral y ha sido vista como una muestra de la política exterior de presión de Trump hacia los sistemas judiciales de América Latina.