Tensiones entre EE. UU. y Colombia por fallo judicial contra expresidente Uribe

Declaraciones de altos funcionarios republicanos, calificadas como “intromisión” por el Gobierno colombiano, han puesto a prueba la relación bilateral y la soberanía judicial del país.

El fallo que declaró culpable a Uribe por soborno a testigos y fraude procesal generó una rápida reacción en Washington. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que el único “delito” de Uribe “ha sido luchar incansablemente y defender su patria”, y denunció una supuesta “instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales”. Estas declaraciones fueron replicadas por la Embajada de EE.

UU. en Bogotá, así como por otros congresistas republicanos como Rick Scott, quien calificó el proceso como una “persecución política” bajo el “régimen socialista de Petro”.

La respuesta del Gobierno colombiano fue contundente.

El presidente Gustavo Petro solicitó a la embajada estadounidense “no entrometerse en la justicia de mi país” y recordó los sacrificios de jueces y fiscales colombianos en la lucha contra el narcotráfico. La Cancillería, a través de su embajada en Washington, emitió un comunicado reafirmando la separación de poderes y la autonomía judicial en Colombia, y aclarando que el proceso contra Uribe se originó en 2012, mucho antes de la actual administración. A esta defensa se sumaron las víctimas acreditadas en el proceso, quienes alertaron a la ONU y a la CIDH sobre las presiones externas. La controversia se enmarca en un contexto más amplio de acciones de la administración Trump, como las sanciones impuestas a un juez en Brasil por el caso contra Jair Bolsonaro, lo que ha generado preocupación en Colombia sobre un posible patrón de intervención en sistemas judiciales de la región.