La designación implica serias consecuencias, abriendo la puerta a nuevas y más severas sanciones económicas contra Venezuela y activando la capacidad de las fuerzas de seguridad estadounidenses para operar contra el grupo, incluso fuera de su territorio. Según un comunicado de la Embajada de EE. UU. en Bogotá, el cartel es "administrado por el dictador Nicolás Maduro". El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la acción "expone aún más la facilitación del narcoterrorismo por parte del régimen ilegítimo de Maduro". La decisión fue impulsada por legisladores republicanos y se enmarca en una política de máxima presión de la administración Trump contra el gobierno venezolano, al que acusa de utilizar el narcotráfico "como arma contra Estados Unidos". Como resultado de la medida, todos los bienes e intereses del grupo en jurisdicción estadounidense quedan bloqueados y deben ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Esta acción podría repercutir en las relaciones de Venezuela con otros países, incluido Colombia, especialmente en el contexto del reciente memorando de entendimiento para crear una zona de desarrollo binacional en la frontera. El régimen de Maduro ha rechazado consistentemente acusaciones similares en el pasado, calificándolas como parte de una campaña de desprestigio.