El acuerdo, firmado el 17 de julio, contempla inicialmente los estados venezolanos de Táchira y Zulia, y el departamento colombiano de Norte de Santander, aunque Maduro ha sugerido expandirla para incluir Cesar, La Guajira, Arauca, Vichada y Guainía. El objetivo declarado es fomentar la cooperación en comercio, salud, educación, turismo y seguridad, buscando transformar una región históricamente afectada por la violencia y las economías ilícitas. El presidente Petro ha defendido el pacto, afirmando que "una zona binacional no es entregar la soberanía de la patria", sino recuperar el control estatal donde hoy dominan las mafias. Sin embargo, figuras de la oposición, como el expresidente Álvaro Uribe, han manifestado un rechazo contundente, calificando la medida como "la entrega del país a la criminalidad internacional" y una alianza con una "tiranía que ha patrocinado terroristas". El general (r) Jorge Mora y el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón también alertaron sobre los riesgos, sugiriendo que la zona podría convertirse en un santuario para el ELN y otras estructuras ilegales, fortaleciendo su control territorial. La falta de publicación inmediata del documento oficial generó más suspicacias, llevando a congresistas a citar a un debate de control político a los ministros de Defensa, Comercio y Relaciones Exteriores para que expliquen el alcance, marco legal y presupuesto de la iniciativa.