El Gobierno ecuatoriano, presidido por Daniel Noboa, inició el operativo para deportar a más de 1.000 reclusos colombianos como una estrategia para descongestionar sus prisiones, las cuales enfrentan una grave crisis de hacinamiento y violencia por enfrentamientos entre bandas rivales. El sábado 26 de julio, un primer grupo de 603 connacionales llegó al puente fronterizo de Rumichaca. El Ministerio del Interior de Ecuador defendió la legalidad del proceso, asegurando que se realizaron audiencias individuales y se cumplieron los marcos normativos y de derechos humanos, negando que se trate de una "deportación colectiva". Sin embargo, la Cancillería colombiana denunció que la acción se ejecutó "desatendiendo las respetuosas y reiteradas solicitudes" de establecer un protocolo para un retorno ordenado, lo que impide la plena identificación de los deportados y la verificación de su situación jurídica, contraviniendo normas del Derecho Internacional. El presidente Gustavo Petro reaccionó afirmando que "Ecuador nos responde con desdén", y apeló a la historia compartida de la Gran Colombia. La canciller encargada, Rosa Yolanda Villavicencio, se desplazó a la frontera para coordinar la recepción y la atención humanitaria. Tras la verificación de antecedentes, se determinó que 11 de los deportados tenían órdenes de captura vigentes en Colombia, mientras que más de 590 fueron dejados en libertad. Ante el anuncio de que un nuevo grupo de 493 colombianos será deportado en los próximos días, Colombia insiste en la necesidad de establecer un calendario y un protocolo formal para garantizar un trato adecuado a los retornados.