El Gobierno colombiano, a través del jefe de despacho Alfredo Saade y la ministra de Comercio Diana Morales, firmó un memorando de entendimiento con el régimen de Nicolás Maduro para establecer una “Zona Binacional de Paz, Unión y Desarrollo”. La iniciativa, revelada por el propio Maduro, abarcaría inicialmente los departamentos colombianos de Norte de Santander, Cesar y La Guajira, y los estados venezolanos de Táchira y Zulia, con planes de expandirse a Arauca y la Amazonía. Según Maduro, el objetivo es fomentar el comercio, la agroindustria, la sustitución de cultivos ilícitos y la cooperación en seguridad, incluyendo una “unión política de las autoridades y de los movimientos sociales”.
El anuncio ha provocado una tormenta política en Colombia. El expresidente Álvaro Uribe calificó el acuerdo como “la entrega de la soberanía de la patria” y un pacto que cede el dominio al “terrorismo y el narcotráfico protegidos por la dictadura de Maduro”. Figuras de la oposición como el general (r) Jorge Mora, el exministro Juan Carlos Pinzón y la senadora María Fernanda Cabal se sumaron a las críticas, advirtiendo sobre riesgos para la seguridad nacional y la posible expansión de la influencia de grupos criminales como el ELN. El presidente Gustavo Petro defendió la medida, asegurando que “no es entregar la soberanía”, sino “crear las condiciones sociales y económicas” para que los pueblos fronterizos prosperen y recuperar el control estatal donde hoy dominan las mafias. La falta de publicación oficial del memorando y el hecho de que no pasara por el Congreso han intensificado las críticas y las solicitudes de transparencia por parte de la oposición.
En resumenLa creación de la zona binacional ha polarizado a Colombia, enfrentando la visión del Gobierno de una integración para el desarrollo y la seguridad con la de la oposición, que la considera una peligrosa cesión de soberanía a un régimen autoritario y a grupos criminales.