La controversia escaló cuando el propio presidente denunció que un nuevo buque, el Fortune, había zarpado desde Puerto Drummond con destino a Israel, calificándolo como un “desafío a mi gobierno”. Esta situación desató una crisis interna, con Petro acusando a su exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, de haberlo “engañado” al incluir una excepción en el decreto de prohibición que permitía continuar con las exportaciones de contratos previos. Petro llegó a calificar a Reyes de “cómplice del genocidio en Gaza”. Reyes se defendió públicamente, asegurando que fue el propio presidente quien impuso dicha cláusula. Empresas como Drummond y Cerrejón han sostenido que sus exportaciones se han realizado conforme al decreto y con autorización del Gobierno. El presidente también hizo un llamado a las comunidades indígenas wayuu y a los sindicatos para que bloqueen las operaciones de las mineras si continúan los envíos.