Por un lado, el conglomerado oficializó la creación de Aval Fiduciaria S.A., una entidad que unifica los negocios que antes manejaban por separado Fiduciaria Bogotá, Fiduciaria de Occidente y Fiduciaria Popular. Este movimiento, aprobado por la Superintendencia Financiera en septiembre de 2025, posiciona a la nueva compañía como la más grande del sector en Colombia, con activos bajo administración cercanos a los $201 billones y una participación de mercado del 21% en ingresos por comisiones. María Lorena Gutiérrez, presidenta de Grupo Aval, describió la consolidación como una "apuesta por el país" que busca unificar políticas y potenciar la capacidad de atención. Por otro lado, la relación del grupo con el Gobierno se tensó drásticamente cuando el ministro de Hacienda, Germán Ávila, criticó duramente al Grupo Aval por el proyecto Mulaló-Loboguerrero, que lleva 12 años sin avances significativos. Ávila acusó al concesionario de tener $2,4 billones en una fiduciaria generando rentabilidad mientras el proyecto está paralizado y, al mismo tiempo, reclamar a la Nación $1,4 billones.

El ministro lanzó un ultimátum directo: "Ese es el mensaje para el Grupo Aval y sus negociadores, es injusto y absurdo para el país estar negociando unas condiciones contractuales tan honerosas, tan leoninas". Esta confrontación pública evidencia los crecientes desafíos en la ejecución de proyectos de infraestructura bajo el modelo de asociación público-privada y podría sentar un precedente en la forma en que el gobierno maneja concesiones estancadas.