Paralelamente, Carrillo continúa bajo investigación por la Personería de Medellín por su gestión como exgerente de EPM. La indagación se centra en presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de vigilancia por $73.744 millones. Según la investigación, Carrillo habría permitido que una empresa oferente continuara en el proceso de licitación a pesar de no haber presentado a tiempo un requisito obligatorio, el certificado del seguro de vida colectivo. La Personería considera que estas actuaciones podrían configurar una “falta gravísima cometida con dolo”, afectando los principios de transparencia y moralidad pública. Estos dos frentes, uno judicial y otro disciplinario, han puesto la permanencia de Carrillo al frente de ISA en un terreno delicado, generando interrogantes sobre la gobernanza de la compañía.