La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación administrativa contra los cuatro principales operadores móviles de Colombia: Claro, Tigo, Movistar y WOM. La entidad indaga presuntas fallas en los procesos de seguridad para la reposición de tarjetas SIM, las cuales habrían permitido el intercambio no autorizado de líneas telefónicas, una práctica fraudulenta conocida como 'SIM swapping'. Según la SIC, las compañías habrían incurrido en tres deficiencias principales que comprometieron la seguridad de sus usuarios. Primero, la falta de “herramientas tecnológicas adecuadas ni mecanismos confiables para verificar la identidad de los usuarios” al momento de solicitar una nueva SIM. Segundo, la ausencia de controles periódicos para garantizar la efectividad de sus procesos de seguridad, a pesar de conocer posibles vulnerabilidades.
Finalmente, se señala que las empresas no ofrecieron “respuestas claras y suficientes a los usuarios que presentaron quejas por reposiciones ejecutadas” sin su autorización.
El 'SIM swapping' es una técnica utilizada por delincuentes para tomar control del número telefónico de una víctima, lo que les permite interceptar códigos de autenticación de dos factores y acceder a cuentas bancarias, correos electrónicos y otras plataformas personales. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha identificado esta modalidad como una de las más usadas en fraudes financieros a nivel global. De comprobarse las conductas investigadas, cada operador podría enfrentar multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).
La SIC aclaró que las empresas cuentan con un plazo de quince días hábiles para presentar su defensa.
En resumenLos principales operadores móviles de Colombia (Claro, Tigo, Movistar y WOM) enfrentan una investigación de la SIC por presuntas fallas en la verificación de identidad durante la reposición de tarjetas SIM. Estas deficiencias habrían facilitado fraudes de 'SIM swapping', exponiendo a los usuarios a robos financieros y de información, lo que podría acarrear multas millonarias para cada compañía.