El proyecto, que pretendía movilizar hasta 550.000 toneladas anuales, quedó en el limbo.

Como consecuencia de la caducidad, la ANI ordenó a la sociedad portuaria el pago de más de 13,4 millones de dólares por los perjuicios ocasionados a la Nación. Además, la empresa quedó inhabilitada para celebrar contratos con entidades públicas por un término de cinco años. Óscar Torres Yarzagaray, presidente de la ANI, afirmó que la decisión sigue los lineamientos del presidente Gustavo Petro de “instar para que la infraestructura transforme los territorios y esté siempre al servicio de la comunidad”. La Sociedad Portuaria Las Américas interpuso un recurso de reposición, el cual está pendiente de ser resuelto.