La empresa de energía Air-e, intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se encuentra en el centro de un panorama de contrastes. Por un lado, el Gobierno Nacional y la Superservicios celebran una reducción del 25% en la tarifa de energía para los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira entre agosto de 2024 y septiembre de 2025, calificándolo como un “logro del Gobierno del Cambio”. Según la entidad, el kilovatio/hora pasó de $1.072 a $796, ubicando la tarifa de Air-e como la tercera más baja del país y generando un alivio para más de 1,3 millones de usuarios. Esta disminución se atribuye a medidas como el desmonte del régimen tarifario especial y el ajuste del cargo de comercialización.
Sin embargo, esta noticia positiva contrasta con la compleja situación financiera de la compañía. Informes revelan que, a pesar de la intervención, Air-e adeuda cerca de $1,6 billones a las empresas generadoras de energía. En este contexto, la empresa ha lanzado una convocatoria pública para que generadores y comercializadores participen en un proceso de contratación directa para asegurar el suministro de energía en 2026 y 2027. El objetivo es firmar contratos a largo plazo que estabilicen los precios y eviten la exposición a la volatilidad del mercado en bolsa. La iniciativa, respaldada por la CREG mediante la Resolución 101-082 de 2025, busca generar confianza en el sector, aunque los generadores, a quienes se les adeudan grandes sumas, podrían mostrarse escépticos.
En resumenTras su intervención, Air-e logró una reducción del 25% en las tarifas de energía del Caribe, un alivio para los consumidores. No obstante, la empresa enfrenta una crisis de liquidez con deudas de $1,6 billones a generadores, mientras intenta asegurar el suministro futuro mediante una nueva convocatoria de contratos a largo plazo, generando incertidumbre en el sector.