El sistema pensional colombiano enfrenta un intenso debate por dos frentes críticos: una disputa por el control de los ahorros de trabajadores de alto riesgo y una advertencia sobre el impacto de la reforma pensional en el ahorro nacional. Por un lado, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, solicitó formalmente a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) el traslado de $9 billones correspondientes a los aportes de unos 46.000 trabajadores que ejercen labores de alto riesgo, como bomberos o mineros. Dussán argumenta que, según la ley, estos cotizantes deben estar en el régimen público, ya que solo el Estado puede asumir el subsidio de su pensión anticipada. Sin embargo, Asofondos, el gremio de las AFP, respondió que los trabajadores eligieron voluntariamente permanecer en los fondos privados y que cualquier traslado debe ser una decisión informada del afiliado.
Por otro lado, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) emitió una grave alerta sobre las consecuencias de la reforma pensional (Ley 2381 de 2024). Según sus proyecciones, de entrar en vigor, el ahorro pensional del país podría perder $169,7 billones para el año 2040, lo que equivale a más de diez reformas tributarias. José Ignacio López, presidente de ANIF, explicó que “reduce casi 10 puntos del PIB en el mediano plazo con la reforma”. El centro de estudios advierte que la desacumulación de ahorro en las AFP no sería compensada por el nuevo Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC), lo que afectaría el mercado de capitales, la financiación de deuda pública y la inversión productiva del país.
En resumenEl sistema pensional colombiano se encuentra en una encrucijada, con Colpensiones reclamando $9 billones de los fondos privados para trabajadores de alto riesgo, mientras ANIF advierte que la reforma pensional podría causar una pérdida de casi $170 billones en el ahorro nacional, afectando la estabilidad económica a largo plazo.