Sin embargo, la tensión se intensificó cuando Ernesto Serrano, representado por el abogado penalista Mauricio Pava, reportó haber recibido "comunicaciones intimidantes".

Una de estas fue una carta enviada desde Miami por el bufete Montalvo Law en representación de Guillermo Serrano, lo que fue interpretado como una estrategia de "asfixia societaria" y exclusión. A raíz de estos hechos, el abogado Pava solicitó medidas de protección, las cuales fueron aprobadas por la Fiscalía. El ente investigador ordenó que cualquier contacto con Ernesto Serrano se realice únicamente a través de canales institucionales para evitar cualquier forma de violencia patrimonial o intimidación.

El caso, que refleja profundas tensiones en la gobernanza de la compañía fundada en los años 60, sigue en revisión judicial, con investigaciones en la Fiscalía de Buga y un proceso arbitral en camino.