VSC – 1076 de 2025 tras resolver el recurso de reposición interpuesto por la compañía, poniendo fin a más de siete años de parálisis regulatoria. La decisión se fundamenta en la inexistencia de elementos probatorios que justifiquen una nueva prórroga, destacando que las autoridades ambientales ya se habían pronunciado de manera desfavorable sobre los requerimientos clave del proyecto. Un antecedente determinante fue la decisión del Ministerio de Ambiente en octubre de 2024 de rechazar la solicitud de sustracción de un área de la Reserva Forestal Central, un permiso esencial para la viabilidad de la explotación a gran escala. A esto se sumaron los conceptos emitidos por la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) y la Procuraduría General de la Nación. La ANM subrayó que la medida responde a su modelo de “Minería con Propósito”, que busca consolidar un sector “más inclusivo y transparente, donde se proteja la biodiversidad del país, se respeten las decisiones ambientales y se escuche a las comunidades”. Con esta resolución, el proyecto, que enfrenta una fuerte oposición social y ambiental en la región, queda en un punto crítico, obligando a la empresa a reactivar sus obligaciones contractuales o afrontar el riesgo de caducidad del contrato.