La Procuraduría General de la Nación inició una investigación formal sobre Ecopetrol y su filial Hocol por un millonario acuerdo para la importación y regasificación de gas. La pesquisa se centra en el presunto favorecimiento a la empresa Gaxi SA ESP, vinculada a un amigo del presidente de la petrolera, Ricardo Roa. El caso ha generado una fuerte controversia por los posibles conflictos de interés y la falta de transparencia en un negocio estratégico para la seguridad energética del país. La controversia se centra en el acuerdo entre Hocol y Gaxi para operar un barco regasificador en el Caribe, un proyecto que podría generar ingresos de hasta 1.400 millones de dólares anuales. La investigación de La Silla Vacía reveló que Gaxi, fundada por el expolicía Juan Guillermo Mancera, carece de experiencia previa en este tipo de operaciones.
Mancera es señalado como amigo cercano de Ricardo Roa, a quien le habría vendido un apartamento a un precio inferior al del mercado.
Ante las denuncias, la Procuraduría realizó una inspección en las oficinas de Ecopetrol para recolectar pruebas y detectar posibles irregularidades. La petrolera estatal se defendió argumentando que fue la propia compañía la que solicitó el acompañamiento de los entes de control y que aún no se ha iniciado un proceso de selección formal, sino un "sondeo de mercado". El presidente Gustavo Petro también defendió la gestión, afirmando: “Que fuera Ecopetrol, Ecopetrol, y no un intermediario privado”. Por su parte, la Procuraduría vinculó formalmente a la investigación a los directivos de Ecopetrol Álvaro Torres Macías y Guillermo García Realpe, quienes habrían conformado una Comisión Especial para supervisar el proceso.
En resumenLa investigación de la Procuraduría sobre Ecopetrol y su filial Hocol se enfoca en un presunto favorecimiento a la empresa Gaxi SA ESP en un contrato de regasificación de gas. Las pesquisas se centran en los vínculos del fundador de Gaxi con el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y en el alto valor del negocio, mientras la petrolera estatal sostiene que no se ha iniciado un proceso formal de contratación.