El informe revela un deterioro alarmante en los indicadores financieros.

Entre diciembre de 2022 y marzo de 2025, la deuda de la Nueva EPS creció un 198 %, pasando de 5,42 billones a 21,37 billones de pesos. Su patrimonio pasó de ser positivo en 2022 a un saldo negativo de 6,25 billones de pesos en marzo de 2025, evidenciando un profundo desequilibrio. La Contraloría también identificó graves irregularidades administrativas, como 15,27 billones de pesos en anticipos pendientes por legalizar y un represamiento de 22,1 billones en facturas sin auditar. Ante este panorama, el presidente Gustavo Petro denunció que gestiones anteriores “escondieron 5 billones de pesos” en deudas no contabilizadas y que la intervención descubrió un “cartel de la contratación”. El mandatario aseguró que no salvará a las EPS, sino la salud de la gente. Por su parte, la Superintendencia de Salud ha matizado los hallazgos, explicando que los llamados “anticipos” son en realidad “pagos sin imputar de servicios ya prestados”, cuya legalización está en curso. A pesar de la crisis, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha descartado una liquidación inminente, argumentando que una medida así tendría que aplicarse a casi todas las EPS del sistema.