La Fiscalía General de la Nación ordenó el archivo definitivo de la investigación que se adelantaba contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por presuntas irregularidades en la contratación del servicio de transporte aéreo para la compañía. El ente acusador concluyó que no existían méritos jurídicos ni probatorios para continuar con la indagación, determinando la atipicidad de los hechos denunciados. El caso se originó a raíz de una denuncia que señalaba un posible direccionamiento de contratos para favorecer a la empresa Helistar S.A.S., consolidando un supuesto monopolio en la prestación de servicios aéreos para la petrolera. Los denunciantes argumentaban que los pliegos de condiciones de las licitaciones habrían sido diseñados para ajustarse exclusivamente a las capacidades técnicas de dicha compañía, excluyendo a otros competidores como Helicópteros Nacionales de Colombia S.A.S.
(Helicol).
Sin embargo, tras analizar las pruebas, la Fiscalía 21 Especializada en Delitos contra la Administración Pública determinó que no se encontraron elementos que demostraran conductas ilícitas por parte de Roa ni de otros funcionarios vinculados. En la resolución, el ente investigador fue enfático al señalar que “no se vislumbra un elemento probatorio directo que permita colegir la existencia del acuerdo ilícito”.
Además, sostuvo que las decisiones contractuales se ajustaron a los principios de transparencia, igualdad y selección objetiva.
La Fiscalía concluyó que mantener abierta la noticia criminal carecía de sustento y solo generaría una congestión judicial infructuosa. Esta decisión representa un importante respaldo para la gestión de Ricardo Roa, quien ha enfrentado diversas polémicas desde su llegada a la presidencia de la estatal petrolera, cerrando uno de los frentes judiciales que se cernían sobre su administración.
En resumenLa Fiscalía archivó la investigación contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presunto direccionamiento de contratos de transporte aéreo, al no encontrar pruebas de conductas delictivas. La decisión cierra el proceso y descarta la existencia de un pacto ilícito para favorecer a un único proveedor, lo que representa un respaldo judicial a la gestión de Roa.