La respuesta del Gobierno ha sido contundente pero con matices. El presidente Gustavo Petro ha denunciado un “enorme robo a la salud” y la existencia de un “cartel de la contratación”, afirmando que administraciones anteriores ocultaron deudas. Según el mandatario, “habían ocultado 5 billones de pesos en cerca de 12 millones de facturas sin procesar” que su gobierno descubrió al intervenir la entidad. Por su parte, la Superintendencia de Salud, a través de su titular Giovanny Rubiano García, ha matizado los hallazgos, explicando que los montos señalados como “anticipos” corresponden en realidad a “pagos sin imputar de servicios ya prestados”, ordenando a la EPS legalizar dichas facturas. La crisis ha trascendido lo financiero, impactando directamente a los usuarios, con un incremento en quejas y reclamos del 151,6% y más de 66 mil tutelas solo en 2025.